HISTORIA, JUSTICIA Y SOCIEDAD COLOMBIANA II

Autor: SERGIO ALEJANDRO RUEDA M..

Publicado en : PORTAL WEB
Fecha: domingo 20 de octubre del 2024

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Abogado y Contador Público Especialista. Ex Profesor Universitario de Pregrado y Posgrado Bucaramanga, Santa Marta, Barrancabermeja y San Gil.
Ex Abogado Auxiliar Tribunal Superior B/manga y Contador T. Administrativo de S.
Ex Juez Primero Penal de San Gil y Juez 5º de Instrucción de Vélez en Provisionalidad

Bucaramanga 20 de octubre de 2024.

HISTORIA, JUSTICIA Y SOCIEDAD COLOMBIANAS II

La guerra fratricida, no debe repetirse en Colombia, pues en ella desaparecen la vida, el derecho y toda forma de progreso.

La administración de justicia, en las décadas de los 70, 80 y 90 se distinguió como bastión de la moral, el decoro y la capacidad de decidir con prontitud y sin miramientos, respecto a los delitos y a las controversias en las distintas áreas del derecho, a solicitud de parte o de manera oficiosa en los casos previstos en las leyes.
Verdaderos Magistrados eran los de la Corte Suprema de Justicia, los de la Corte Constitucional a partir de 1991, junto con sus Auxiliares e igualmente los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito en similares Salas de Decisión.

Sin embargo, nuestros folclóricos legisladores en la última década, permitieron que otros entes, con funciones no relacionadas con las de la Rama Judicial; sino más bien con lo administrativo, verbi gratia las de consejo, asesoría, directriz o expedición de resoluciones administrativas, se les catalogue ahora como Magistrados, sin tener su misma vocación.
En el Consejo de Estado, a sus integrantes por antonomasia se les denomina como Consejeros de Estado, que por estar dentro de la Rama Judicial tienen la calidad de Magistrados, esto es, administran justicia a través de sentencias de obligatorio cumplimiento en lo contencioso administrativo.

Excepción hecha de las funciones de Sala de Consulta y Servicio Civil, como el más alto órgano consultor del Estado; cuyos conceptos o directrices destinadas a la correcta interpretación de la función estatal en la administración pública, no son vinculantes, es decir, no se constituyen en cosa juzgada.
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Fuente: EXPERIENCIAS PROFESIONALES DE VIDA